CARLOS ARTURO GUARIN JURADO
Magistrado ponente
SL2941-2020
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 75837
Acta 28
Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veinte (2020).
Decide la Sala el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la
COMPA\u00d1\u00cdA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S. A.,
contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el veintinueve (29)
de marzo de dos mil diecis\u00e9is (2016), en el proceso que
instaur\u00f3 LILIANA YANETH R\u00cdOS ACEVEDO, a la
recurrente, as\u00ed como a la ADMINISTRADORA DE
PENSIONES Y CESANT\u00cdAS PROTECCI\u00d3N S. A. y a ANA
EUDOXIA PALACIOS VALDERRAMA, al que fueron
vinculados los menores CAVR y NVR.
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I. ANTECEDENTES
LILIANA YANETH R\u00cdOS ACEVEDO llam\u00f3 a juicio a la
COMPA\u00d1\u00cdA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S. A.,
a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANT\u00cdAS PROTECCI\u00d3N S. A. y a la se\u00f1ora ANA EUDOXIA
PALACIOS VALDERRAMA, con el fin de que se declarara que
tiene derecho a sustituir al pensionado Carlos Mario Vidal
Restrepo, en su calidad de compa\u00f1era permanente, a partir
del 15 de febrero de 2007, en el 50 % de la prestaci\u00f3n que
este recib\u00eda, incluyendo las mesadas adicionales de junio y
diciembre, los intereses moratorios, la indexaci\u00f3n, m\u00e1s las
costas.
Narr\u00f3, que el se\u00f1or Carlos Mario Vidal Restrepo falleci\u00f3
el 15 de febrero de 2007; que convivieron como compa\u00f1eros
permanentes por m\u00e1s de 11 a\u00f1os, hasta el momento de la
muerte de \u00e9ste y procrearon a los menores CA y NVR, quienes
en la actualidad cuentan con 11 y 2 a\u00f1os de edad; que aqu\u00e9l
disfrutaba de una pensi\u00f3n de invalidez pagada por la primera
aseguradora, en la modalidad de renta vitalicia inmediata, la
cual tramit\u00f3 a trav\u00e9s de la segunda; que solicit\u00f3 el pago de la
sustituci\u00f3n pensional a su nombre y en el de sus hijos
menores, lo cual tambi\u00e9n hizo ANA EUDOXIA PALACIOS
VALDERRAMA, como c\u00f3nyuge del causante.
Inform\u00f3, que mediante Resoluci\u00f3n n.\u00b0 122-2007 del 25
de julio de 2007, la aseguradora inicial otorg\u00f3 la prestaci\u00f3n
en un 50 % a los menores y se la neg\u00f3 a ella y a la otra
reclamante, por considerar que no acreditaron la convivencia
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con el fallecido, en el tiempo exigido por la ley; que no hab\u00eda
raz\u00f3n para esa decisi\u00f3n, toda vez que vivi\u00f3 con el pensionado
11 a\u00f1os, como lo confirman la declaraci\u00f3n extra juicio que
realizaron como pareja en el 2003 y el nacimiento de su hija
en el a\u00f1o 2005; que depend\u00eda econ\u00f3micamente de aqu\u00e9l (f.\u00ba
2 a 9, cuaderno de primera instancia).
La COMPA\u00d1\u00cdA SURAMERICANA DE SEGUROS DE
VIDA S. A., se opuso a las pretensiones; en cuanto a los
hechos, acept\u00f3 la fecha del deceso del se\u00f1or Carlos Mario
Vidal Restrepo, la calidad de pensionado por invalidez, la
solicitud de reconocimiento pensional por parte de las
personas all\u00ed se\u00f1aladas, la respuesta dada y el otorgamiento
que hizo a los hijos menores del causante; de los restantes
dijo no constarle o no ser ciertos, pues, de acuerdo a las
averiguaciones realizadas, la actora present\u00f3 demanda de
regulaci\u00f3n de cuota alimentaria el 19 de mayo de 2006 en
contra del se\u00f1or Vidal Restrepo, en la cual manifest\u00f3 que
vivi\u00f3 aproximadamente con \u00e9ste, en uni\u00f3n libre, nueve a\u00f1os
y medio, donde relacion\u00f3 como direcci\u00f3n suya la Calle 62 A
No. 55 \u2013 19 y como la del se\u00f1or Vidal Restrepo, la carrera
48B No. 106 A \u2013 34.
En su defensa, propuso como excepciones las de
prescripci\u00f3n, inexistencia de la obligaci\u00f3n y falta de
cumplimiento de los supuestos normativos (f.\u00b0 57 a 69,
ib\u00eddem).
La ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANT\u00cdAS PROTECCI\u00d3N S. A., se opuso a las pretensiones
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y, en cuanto a los hechos, admiti\u00f3 la fecha del fallecimiento
del causante y la calidad de pensionado por invalidez de \u00e9ste;
no tuvo por cierto el relativo a la convivencia, debido a que,
como lo encontr\u00f3 demostrado la otra aseguradora, la
accionante no acredit\u00f3 aquel requisito.
Propuso como excepciones meritorias, las de
inexistencia de la obligaci\u00f3n y cobro de lo no debido (f.\u00b0 124
a 127, ib).
ANA EUDOXIA PALACIOS, en un solo escrito dio
contestaci\u00f3n a la demanda y formul\u00f3 la suya, aduciendo que
era cierto que el pensionado hab\u00eda fallecido el 15 de febrero
de 2007; que hab\u00eda convivido con \u00e9ste, inicialmente como
compa\u00f1eros permanentes y, finalmente, como c\u00f3nyuges,
durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os anteriores al deceso, ya que
se encontraba separado de la demandante, desde hac\u00eda m\u00e1s
de seis a\u00f1os y acept\u00f3 la existencia de los hijos menores del
causante.
Indic\u00f3, que solicit\u00f3 el reconocimiento pensional ante la
accionada, pero se le neg\u00f3 por n.\u00b0 122-2007, porque no
cumpl\u00eda con el requisito de convivencia con su esposo; que
no era cierto que la se\u00f1ora R\u00cdOS ACEVEDO haya cohabitado
con \u00e9ste, pues seg\u00fan la historia cl\u00ednica, los certificados
expedidos por la misma entidad, los formularios de la EPS y
de la caja de compensaci\u00f3n, \u00e9l siempre report\u00f3 como su
domicilio la direcci\u00f3n donde conviv\u00eda con ella, como esposa;
que, adem\u00e1s, aqu\u00e9lla, denunci\u00f3 y demand\u00f3 al causante, para
que se le fijara cuota alimentaria para sus hijos,
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reconociendo con esto que no conviv\u00eda con \u00e9l; que se le debe
conceder la pensi\u00f3n de sobreviviente con sus respectivos
intereses moratorios, desde el 15 de febrero de 2007,
incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre de
cada a\u00f1o, indexaci\u00f3n y costas (f.\u00b0 155 a 159 y 160 a 161,
ib\u00eddem).
El Juzgado, mediante auto del 26 de abril de 2013,
integr\u00f3 el contradictorio con los menores hijos del
pensionado (f.\u00b0 252, ib).
CAVR y NAVR, mediante curadora, dieron contestaci\u00f3n
a la demanda; en cuanto a las pretensiones, ni se allanaron
ni se opusieron; en relaci\u00f3n con los hechos, aceptaron el
fallecimiento de su padre, as\u00ed como la reclamaci\u00f3n de la
prestaci\u00f3n y su negativa; de los restantes sostuvieron que no
les constaban.
Propusieron como excepciones, las de caducidad,
prescripci\u00f3n y la gen\u00e9rica (f.\u00b0 275 a 276, ib\u00eddem).
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Noveno Laboral de Descongesti\u00f3n de
Medell\u00edn, el 30 de mayo de 2014 (f.\u00b0 281 a 291, ib), resolvi\u00f3:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepci\u00f3n de INEXISTENCIA DE
LA OBLIGACI\u00d3N, respecto de las se\u00f1oras LILIANA YANETH R\u00cdOS
y ANA EUDOXIA PALACIOS.
SEGUNDO: ABSOLVER a la COMPA\u00d1\u00cdA SURAMERICANA DE
SEGUROS DE VIDA S. A. [\u2026] de todas las pretensiones impetradas
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en su contra por la se\u00f1ora LILIANA YANETH R\u00cdOS ACEVEDO [\u2026]
y la interviniente ad \u2013 excludendum ANA EUDOXIA PALACIOS
VALDERRAMA [\u2026], seg\u00fan en la parte motiva de la presente
providencia.
TERCERO: ABSOLVER a la Administradora de fondo de pensiones
y cesant\u00edas PROTECCI\u00d3N S. A. [\u2026], de todas las pretensiones
impetradas en su contra por la se\u00f1ora LILIANA YANETH R\u00cdOS
ACEVEDO [\u2026] y la interviniente ad \u2013 excludendum ANA EUDOXIA
PALACIOS VALDERRAMA, seg\u00fan en la parte motiva de la presente
providencia.
CUARTO: ORDENAR a la Compa\u00f1\u00eda SURAMERICANA DE
SEGUROS DE VIDA S. A. [\u2026] a seguir reconociendo y pagando la
pensi\u00f3n de sobrevivientes a los hijos menores del causante Carlos
Andr\u00e9s y Natalia Vidal R\u00edos, en la forma indicada en la parte
motiva.
[\u2026]
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Previa apelaci\u00f3n de la demandante y de la interviniente,
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medell\u00edn, el 29 de marzo de 2016 (f.\u00b0 322 a 348, del cuaderno
del Tribunal), decidi\u00f3:
REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado Noveno Laboral de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn, de
acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, para en su lugar, CONDENAR a la COMPA\u00d1\u00cdA
SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S. A. a reconocer y pagar
a la se\u00f1ora ANA EUDOXIA PALACIOS VALDERRAMA lo siguiente:
PRIMERO: la suma de TREINA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS VEINTITR\u00c9S MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS PESOS ($34.723.656) por concepto de mesadas pensionales
causadas a su favor, con ocasi\u00f3n del fallecimiento del se\u00f1or
CARLOS MARIO VIDAL RESTREPO, causadas entre el 15 de
febrero de 2007 y el mes de marzo de 2016 inclusive, con las
adicionales de junio y diciembre.
Se autoriza a la COMPA\u00d1\u00cdA SURAMERICANA DE SEGUROS DE
VIDA S. A. a descontar del valor del retroactivo, el de la cotizaci\u00f3n
correspondiente a cada mesada, para trasladarlo a la EPS y al
Fondo de Solidaridad.
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SEGUNDO: A partir del 1 de abril de 2015 la entidad
SURAMERICANA seguir\u00e1 cancelando de manera vitalicia, una
mesada pensional equivalente al 50 % del salario m\u00ednimo mensual
legal vigente, porcentaje que se podr\u00e1 aumentar a un 100% cuando
a los hijos del causante se les extinga su derecho.
TERCERO: Al momento del pago de las mesadas que integran el
retroactivo objeto de condena, la COMPA\u00d1\u00cdA SURAMERICANA DE
SEGUROS DE VIDA S. A. pagar\u00e1 el valor de la INDEXACI\u00d3N sobre
cada una de ellas, aplicando la f\u00f3rmula y criterios definidos en la
parte motiva de la \u00e9sta providencia (sic).
CUARTO: Se condena a la COMPA\u00d1\u00cdA SURAMERICANA DE
SEGUROS DE VIDA S. A. a pagar las costas en ambas instancias
a favor de la se\u00f1ora ANA EUDOXIA PALACIOS VALDERRAMA. Las
agencias en derecho en esta instancia ascienden a la suma de UN
MILL\u00d3N DE PESOS ($1.000.000).
QUINTO: Se condena a la se\u00f1ora LILIANA YANETH R\u00cdOS
ACEVEDO en costas en esta instancia [\u2026]
Argument\u00f3 que: i) explicar\u00eda por qu\u00e9 se apartaba de la
jurisprudencia de esta Corte sobre el requisito de
convivencia; ii) analizar\u00eda a cu\u00e1l de las accionantes le
correspond\u00eda el derecho reclamado; iii) estudiar\u00eda si resultaba
procedente el pago de retroactivo pensional en la medida en
que se ha venido reconociendo la prestaci\u00f3n en un 100 % a
los hijos menores, sin que la entidad pagadora hubiera
cumplido con la obligaci\u00f3n de hacer la reserva legal
correspondiente y, iv) examinar\u00eda si era procedente la
condena a intereses moratorios o la indexaci\u00f3n.
Expuso que, hist\u00f3ricamente, la finalidad de la pensi\u00f3n
de sobreviviente era la protecci\u00f3n de la familia, como n\u00facleo
fundamental de la sociedad; que dicha prestaci\u00f3n ha venido
evolucionando, en relaci\u00f3n con los requisitos exigidos, tanto
a la c\u00f3nyuge, como a la compa\u00f1era permanente, para acceder
a la misma, a partir de la Ley 100 de 1993; que la
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jurisprudencia, para efectos de tal cr\u00e9dito social, no ha
distinguido si el perecido es un pensionado o un afiliado; que
existen fundamentos jur\u00eddicos para apartarse de ese criterio,
porque: i) en los art\u00edculos 46 de la Ley 100 de 1993 y 12 de
la Ley 797 de 2003, se diferenciaba claramente los requisitos
de causaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n de sobrevivientes, consagrando
densidad de semanas para cuando el causante es un afiliado,
mientras si quien fallece es un pensionado, simplemente
transmite el derecho que se ha consolidado en cabeza suya;
ii) el requisito previsto en la normatividad, esto es, relativo a
los dos o cinco a\u00f1os de convivencia, es solo para los casos en
quien fallece es el pensionado; iii) hacer extensivo el mismo
a cuando muere un afiliado, hace m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n,
para quienes aspiran a una pensi\u00f3n de sobreviviente, pues
se les estar\u00eda exigiendo un requisito no previsto en la
legislaci\u00f3n; iv) de acuerdo al art\u00edculo 53 de la CN, se debe de
acoger el principio de favorabilidad; v) no puede sostener
aquella tesis de no diferenciaci\u00f3n y por ello acog\u00eda lo definido
por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-1176 – 2001
y CC C-1094- 2003,
[\u2026] como premisa b\u00e1sica para las decisiones que en ellas se
adoptan, debi\u00e9ndose respetar la fuerza vinculante y el car\u00e1cter
erga omnes que se predica frente a las consideraciones de la ratio
decidendi de los fallos de control de constitucionalidad, conforme
lo decidido en la sentencia CC C-539-2011 y CC C-816 \u2013 2011.
vi) exigir una convivencia de cinco a\u00f1os para los casos
en que quien fallece en vigencia de la Ley 797 es un afiliado,
no consulta con la finalidad del legislador al consagrar tal
requisito, que no es otro distinto al de evitar uniones de
\u00faltima hora, en procura de obtener una sustituci\u00f3n
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pensional, cuando no se materializan aspectos inherentes a
este derecho, como el auxilio mutuo, entendido como
acompa\u00f1amiento espiritual permanente, apoyo econ\u00f3mico y
vida en com\u00fan y, vii) no se puede afirmar que se est\u00e1
contrariando el querer del legislador cuando se concede el
apoyo econ\u00f3mico de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a quien
inici\u00f3 vida marital con el causante sin la intenci\u00f3n expresa
de convertirse en titular de una pensi\u00f3n, que a la fecha del
nacimiento de la relaci\u00f3n marital, no exist\u00eda como derecho
cierto.
Indic\u00f3, que eran supuestos f\u00e1cticos no discutidos: i) el
fallecimiento del se\u00f1or Vidal Restrepo el 15 de febrero de
2007; ii) que para ese momento era pensionado por invalidez;
iii) que con ocasi\u00f3n del deceso, la pensi\u00f3n fue reclamada por
la se\u00f1ora R\u00cdOS ACEVEDO, en nombre propio y en
representaci\u00f3n de sus dos hijos menores, as\u00ed como por la
se\u00f1ora PALACIOS VALDERRAMA; iv) que la prestaci\u00f3n fue
reconocida a favor de los hijos menores.
Precis\u00f3, que el se\u00f1or Vidal Restrepo estuvo enfermo, se
le calific\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral, de origen
com\u00fan, del 58.65 %, con fecha de estructuraci\u00f3n el 5 de
octubre de 2006; que contrat\u00f3 con la primera de las
aseguradoras demandadas una p\u00f3liza de renta vitalicia
inmediata en el mes de diciembre de 2006 y durante el a\u00f1o
2007, deveng\u00f3 una mesada de $433.7000 y falleci\u00f3 el 15 de
febrero de 2007, sin haber cumplido 33 a\u00f1os.
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Plante\u00f3 que, teniendo en cuenta las circunstancias
anteriores, reflexionar\u00eda si en el caso era procedente
reconocer la prestaci\u00f3n a quien acreditara la convivencia con
el causante al momento de la muerte, aun cuando no se
determine de manera fehaciente una superior a cinco a\u00f1os
antes de dicha fecha, pero que inici\u00f3 previo a que se hubiese
detectado la enfermedad del fallecido; que en la declaraci\u00f3n
extra proceso rendida por el pensionado, el 18 de noviembre
de 2003, afirm\u00f3 que viv\u00eda con la reclamante; que, adem\u00e1s, la
pareja tuvo dos descendientes, que nacieron el 16 de marzo
de 1996 y el 7 de marzo de 2005; que en el a\u00f1o 2006, aquella
demand\u00f3 al pensionado para que se regulara la cuota
alimentaria en favor de los infantes, informando como
direcci\u00f3n suya y de estos, la calle 62 A No. 55-19 en el
municipio de Bello, mientras de \u00e9ste, la carrera 49 B n\u00famero
109 A 34 de Medell\u00edn; que tambi\u00e9n aparec\u00edan citaciones de
la actora al se\u00f1or Vidal Restrepo, para dialogar respecto a
dicho aporte y las visitas a los menores, del 8 de marzo, 9 de
agosto y 11 de octubre 2006, con el fin de realizar audiencias
de conciliaci\u00f3n los d\u00edas 11 y 12 de diciembre de 2006, en las
se detallaron las mismas direcciones.
Adujo, que de la investigaci\u00f3n de la aseguradora inicial,
se concluye que la demandante y el se\u00f1or Vidal Restrepo,
convivieron en uni\u00f3n libre durante ocho a\u00f1os, entre 1996 y
2004; que, a partir del mes de mayo de este a\u00f1o, aqu\u00e9l inici\u00f3
una nueva relaci\u00f3n sentimental con la interviniente, con
quien se fue a vivir posteriormente y contrajo matrimonio el
9 de febrero de 2007, que era la persona con la que
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cohabitaba al momento de su deceso, en la carrera 49 B
n\u00famero 106 A 34, en Medell\u00edn.
Refiri\u00f3, que se aportaron al proceso los documentos
relativos a la atenci\u00f3n en salud del causante, fotograf\u00edas de
su matrimonio y constancia donde \u00e9l design\u00f3 como
beneficiaria sustituta del seguro de renta que hab\u00eda
contratado, a su esposa, a quien tambi\u00e9n, ya como
pensionado, afili\u00f3 al sistema general de salud, el 24 de enero
de 2007, junto con su hijo menor CAVR; que la prueba
testimonial, le permit\u00eda concluir que la accionante, si bien
demostr\u00f3 haber convivido con el causante, como compa\u00f1era
permanente, durante varios a\u00f1os y haber procreado con \u00e9l
dos hijos, no acredit\u00f3 esa circunstancia a la muerte del
mismo; que,
En este contexto, y solo ante las particularidades de este caso
concreto, (\u2026), se impone efectuar el siguiente razonamiento: si la
relaci\u00f3n existente entre la se\u00f1ora ANA EUDOXIA y el causante
inici\u00f3 desde el a\u00f1o 2000, y se acredita en el proceso que solo se
pudo materializar la vida juntos a partir del a\u00f1o 2004 con ocasi\u00f3n
del fallecimiento de la hermana de aquel; y si para el momento en
que se diagnostic\u00f3 la enfermedad del causante, ya se hab\u00eda
consolidado una relaci\u00f3n de convivencia, \u00bfresulta proporcionado y
razonable, exigir a la demandante el cumplimiento del requisito de
5 a\u00f1os de convivencia que s\u00f3lo se consagra para el caso en que
fallece un pensionado, si al momento en que inici\u00f3 la convivencia
no exist\u00eda indicio alguno de su enfermedad?
Reflexion\u00f3 que,
[\u2026] no puede perderse nunca de vista, que la finalidad de esta
prestaci\u00f3n econ\u00f3mica es la protecci\u00f3n de la familia como n\u00facleo
fundamental de la sociedad y busca precisamente impedir que
quien haya convivido permanente, responsable y efectivamente, y
prestado apoyo afectivo a su pareja al momento de su muerte, se
vea abocado a soportar aisladamente las cargas, tanto materiales
como espirituales, que supone su desaparici\u00f3n.
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Son este conjunto de argumentos y circunstancias las que lleva a
la Sala a inaplicar en este caso el requisito consagrado por el
legislador, el que fue declarado exequible mediante sentencia CC
C-1094-2003, argumentando que podr\u00eda servir para afirmar su
aplicaci\u00f3n obligatoria, pero que no resulta v\u00e1lido en este caso,
porque son las razones que llevaron a la Alta Corporaci\u00f3n a definir
la constitucionalidad del requisito de los 5 a\u00f1os de convivencia
cuando qui\u00e9n fallece es un pensionado, las mismas que hoy sirven
de fundamento para no aplicarlo, siendo claro que el conceder la
pensi\u00f3n de sobrevivientes en el caso concreto, no contrar\u00eda el
querer del legislador, porque se est\u00e1 otorgando el apoyo econ\u00f3mico
de la prestaci\u00f3n a la c\u00f3nyuge del fallecido, quien inici\u00f3 vida marital
con \u00e9l sin la intenci\u00f3n expresa de convertirse en titular de una
pensi\u00f3n que, a la fecha del nacimiento de la convivencia, no exist\u00eda
como derecho cierto (f.\u00b0 341 a 342, del cuaderno del
Tribunal).
Sostuvo que, por tanto, conceder\u00eda a la interviniente,
esposa del causante, la pensi\u00f3n que reclama, a cargo de la
COMPA\u00d1\u00cdA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S. A.,
con quien el causante tom\u00f3 el 20 de noviembre de 2006, un
seguro de renta temporal cierta, con renta vitalicia diferida,
para el pago de una pensi\u00f3n de invalidez, que tiene como
origen el fondo de pensiones PROTECCI\u00d3N; que en cuanto al
porcentaje de la prestaci\u00f3n que le correspond\u00eda a la c\u00f3nyuge,
hab\u00eda quedado acreditado que la primera entidad conoc\u00eda de
la existencia de la controversia entre la c\u00f3nyuge y la
compa\u00f1era permanente, en relaci\u00f3n con el derecho al 50 %
de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pues la otra porci\u00f3n
correspond\u00eda a los hijos, conforme lo dispone el numeral 1\u00b0
del art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 1889 de 1994; que, por tal raz\u00f3n,
la demandada se encontraba en la obligaci\u00f3n de dejar en
reserva el 50 % de la pensi\u00f3n, mientras se decid\u00eda
judicialmente a cu\u00e1l de las reclamantes de la prestaci\u00f3n le
correspond\u00eda el derecho; que, por ende, si dicha compa\u00f1\u00eda
decidi\u00f3 efectuar el reconocimiento del 100 % de la pensi\u00f3n de
sobrevivientes a los menores y resolvi\u00f3 no dejar en reserva el
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 75837
SCLAJPT-10 V.00 13
50 % de la mesada pensional que ahora le corresponde a la
se\u00f1ora Ana Eudoxia, a sabiendas que exist\u00eda una disputa
entre posibles beneficiarias, tal circunstancia no podr\u00eda ser
imputada a la c\u00f3nyuge del causante y por ello es tal
compa\u00f1\u00eda la que debe pagar los dineros del retroactivo
pensional.
Recalc\u00f3, que la prestaci\u00f3n se reconocer\u00eda a partir del 15
de febrero de 2007, pese a que hubiese podido operar la
prescripci\u00f3n, porque la entidad condenada la neg\u00f3 el 2 de
agosto de 2007 y la esposa interviniente solo demand\u00f3 el 28
de abril de 2011; que, sin embargo, dicha excepci\u00f3n debe ser
rogada, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 2513 del CC, 306 del
CPC y 282 del CGP; que el retroactivo asciende a $
34.723.656 y que autorizar\u00eda descontar lo correspondiente al
sistema de salud y al fondo de solidaridad.
Expuso, que no condenar\u00eda a intereses moratorios, pero
s\u00ed a la indexaci\u00f3n de las sumas concedidas.
IV. RECURSO DE CASACI\u00d3N
Interpuesto por la COMPA\u00d1\u00cdA SURAMERICANA
SEGUROS DE VIDA S. A., concedido por el Tribunal y
admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACI\u00d3N
Dice:
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 75837
SCLAJPT-10 V.00 14
El primer cargo est\u00e1 enfilado a obtener que la Sala de Casaci\u00f3n
Laboral de la Corte Suprema de Justicia CASE totalmente la
sentencia del Tribunal en cuanto revoc\u00f3 la de primera instancia,
para que en su lugar CONFIRME la sentencia proferida por el
Juzgado Noveno Laboral de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn el 30 de
mayo de 2014 y que en consecuencia se absuelva a la demandada
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S. A. de todas las
pretensiones de la demanda.
El segundo cargo, cuyo estudio se impone de no casarse
totalmente la sentencia, apunta a obtener que la Sala de Casaci\u00f3n
Laboral de la Corte Suprema de Justicia CASE parcialmente la
sentencia del Tribunal: en cuanto conden\u00f3 a SEGUROS DE VIDA
SURAMERICANA S. A. a pagar, por concepto de retroactivo, las
mesadas causadas entre el 15 de febrero de 2007 y el mes de
marzo de 2016, inclusive, con las adicionales de junio y diciembre
y con valor, a fecha de la sentencia de segunda instancia de
$34.723.656 (Treinta y Cuatro Millones Setecientos Veintis\u00e9is Mil
Seiscientos Cincuenta y Seis Pesos M.L.), condena contenida en el
numeral PRIMERO de la parte resolutiva sentencia del Tribunal y,
como consecuencia de la eventual prosperidad del cargo, deber\u00e1
casarse, tambi\u00e9n, el numeral TERCERO de la sentencia del
Tribunal que le es inherente y que condena a SURAMERICANA al
pago de la indexaci\u00f3n respecto de cada una de las mesadas que
componen el retroactivo.
Como su consecuencia, actuando la Sala como Tribunal de
instancia deber\u00e1 revocar la condena contenida en los numerales
PRIMERO y TERCERO para en su lugar, ABSOLVER a SEGUROS
DE VIDA SURAMERICANA S. A. del pago de las mesadas
causadas desde el 15 de febrero de 2007 y hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia, as\u00ed como de la indexaci\u00f3n de dichas
sumas retroactivas.
El \u00faltimo cargo, que es remedial del anterior, est\u00e1 dirigido a que la
Corte case parcialmente la sentencia del Tribunal en cuanto
conden\u00f3 a la recurrente SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S. A.
a pagar, por concepto de retroactivo, las mesadas causadas entre
el 15 de febrero de 2007 y el mes de marzo de 2016, inclusive, con
las adicionales de junio y diciembre y con valor, a fecha de la
sentencia de segunda instancia de $34.723.656 (Treinta y Cuatro
Millones Setecientos Veintis\u00e9is Mil Seiscientos Cincuenta y Seis
Pesos M.L.), condena contenida en el numeral PRIMERO de la
parte resolutiva sentencia del Tribunal y, como su consecuencia
actuando la Corte como Tribunal de Instancia, revoque el numeral
primero de la misma en el sentido exclusivo de declarar pr\u00f3spera
la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n y limitar el reconocimiento del
retroactivo de las mesadas no afectadas por los efectos
consuntivos de la prescripci\u00f3n extintiva trienal.
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 75837
SCLAJPT-10 V.00 15
En cualquiera de los casos la Sala proveer\u00e1 sobre costas en el
recurso y, dado el caso, en instancia (f.\u00b0 8 a 9 del cuaderno de
casaci\u00f3n).
Con tal prop\u00f3sito formula tres cargos, que fueron
replicados \u00fanicamente por PROTECCI\u00d3N S. A., los cuales se
estudiar\u00e1n a continuaci\u00f3n.
VI. CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia de violar directamente, en la
modalidad de infracci\u00f3n directa, el art\u00edculo 74, literal a) de la
Ley 100 de 1993, en su versi\u00f3n modificada por el art\u00edculo 13
literal a) de la Ley 797 de 2003, inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del
Decreto 1889 de 1994 y en igual falta de aplicaci\u00f3n de los
art\u00edculos 10, 13 literal c); 46,48, 50, 60 literal a), 73 y 80 de
la Ley 100 de 1993, lo que lo llev\u00f3, tambi\u00e9n a inaplicar los
art\u00edculos 27 del C\u00f3digo Civil; art\u00edculos 22 y 23 del Decreto
2067 de 1991; 43, 45 46 y 48 de la Ley 270 de 1996
(exequibles mediante sentencia CC C-037-1996, que indica
que, mientras la Corte Constitucional no exprese lo
contrario, se entiende que sus decisiones, en sede de control
de constitucionalidad, producen cosa juzgada absoluta) y,
adem\u00e1s, sin que impliquen desatenci\u00f3n de normas legales
infringidas, las normas anotadas, para efectos de la
estructuraci\u00f3n del cargo, tienen relaci\u00f3n con los art\u00edculos 4\u00b0,
230, 241 numeral 4\u00b0 y 243 de la Constituci\u00f3n Nacional.
Asevera, que el art\u00edculo 74, literal a) de la Ley 100 de
1993, en su versi\u00f3n original, institu\u00eda, como requisito para
obtener la pensi\u00f3n de sobreviviente, acreditar convivencia
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 75837
SCLAJPT-10 V.00 16
por espacio de dos a\u00f1os continuos con el causante, con
anterioridad al deceso; que tal regla fue modificada por la Ley
797 de 2003, variando el requisito del tiempo de convivencia
a cinco a\u00f1os; que tal norma fue objeto de escrutinio por la
Corte Constitucional, la cual, mediante sentencia CC C-
1094-2003, rememor\u00f3 que el legislador cuenta con un
margen de configuraci\u00f3n m\u00e1s o menos amplio, para reglar la
seguridad social, en particular, lo relacionado con aspectos
como la calidad de quienes habr\u00e1n de considerarse
beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, por lo que el
establecimiento de requisitos de \u00edndole personal o temporal,
para que el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente del causante
tengan acceso a ella, \u00abconstituye una garant\u00eda de legitimidad
y justicia en el otorgamiento de dicha prestaci\u00f3n que favorece
a los dem\u00e1s miembros del grupo familiar [\u2026]\u00bb.
Acent\u00faa, en espec\u00edfica relaci\u00f3n con el requisito de cinco
(5) a\u00f1os de convivencia establecido por el legislador de 2003,
la legitimidad de su finalidad, no \u00fanicamente por servir de
par\u00e1metro razonable para evitar convivencias de \u00faltima hora
con quien est\u00e1 a punto de fallecer (lo que no es nada diferente
a una manifestaci\u00f3n puntual del objetivo de la pensi\u00f3n de
sobrevivientes de proteger la familia real del afiliado o
pensionado frente a la carencia de ingresos que supondr\u00eda su
desaparici\u00f3n de este mundo), sino, adem\u00e1s, como
mecanismo de protecci\u00f3n para otros beneficiarios de
diferente orden (hijos, padres, etc).
Afirma que,
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 75837
SCLAJPT-10 V.00 17
Significa lo anterior, que para Corte Constitucional con la decisi\u00f3n
CC C-1094-2003 aludida, en decisi\u00f3n que hace tr\u00e1nsito a cosa
juzgada constitucional de conformidad con los art\u00edculos 4\u00b0, 230,
241 numeral 4\u00b0 y 243 de la Constituci\u00f3n Nacional y 43, 45, 46 y
48 (n\u00fam. 1\u00b0) de la Ley 270 de 1996 en concordancia con los
art\u00edculos 22 y 23 del Decreto 2067 de 1991, el requisito de la
convivencia m\u00ednima por cinco (5) a\u00f1os inserto en el art\u00edculo 13 de
la Ley 797 de 2003, norma que gobierna el caso decidido: i) es un
requisito puro y simple (no sometido a condici\u00f3n) que fue
establecido por el legislador en ejercicio del margen de
configuraci\u00f3n que le es propio para definir los aspectos atinentes
a la seguridad social; ii) es un requisito que no vulnera la
igualdad, no supone una regulaci\u00f3n propia del derecho de familia
y tampoco constituye un trato injustificado; iii) es un requisito
objetivo que no qued\u00f3 constitucionalmente condicionado ni a la
fecha del matrimonio (si este ocurri\u00f3 antes o despu\u00e9s de adquirir
el pensionado tal calidad) como lo solicit\u00f3 el Ministerio P\u00fablico
expresamente en el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n constitucional; ni iv)
tampoco circunscribe la exigencia del quinquenio \u00fanicamente en
los casos en que se sospechara fraude de convivencia de “\u00faltima
hora.
Razona, que la decisi\u00f3n concentrada que estim\u00f3
ajustado a la constituci\u00f3n el requisito de convivencia de cinco
(5) a\u00f1os, para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, es
obligatoria y prevalece sobre en an\u00e1lisis particular que haga
el Juez del caso concreto en el control difuso de
constitucionalidad, el cual, por dem\u00e1s, le est\u00e1 vedado
respecto de normas ya declaradas exequibles por la Corte, lo
cual desconoci\u00f3 el Tribunal con la sentencia gravada, al
discurrir sobre la inaplicabilidad de una norma ya declarada
exequible; que la segunda instancia desconoci\u00f3 el alcance y
el efecto erga omnes de las sentencias de constitucionalidad
y se aparta de dicho requisito objetivo de la convivencia
quinquenal; que tal postura, adem\u00e1s, va en contra de lo de
lo adoctrinado por la Corte en m\u00faltiples providencias; ii) que
el Colegiado entendi\u00f3 que la finalidad del requisito de
convivencia quinquenal introducido por la Ley 797 de 2003
(para el pensionado), era, evitar fraudes mediante
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 75837
SCLAJPT-10 V.00 18
convivencias de \u00faltima hora, pero no evidenci\u00f3, para el caso
concreto, dicho \u00e1nimo fraudulento en la uni\u00f3n entre ANA
EUDOXIA PALACIO y el se\u00f1or Vidal Restrepo, pues al haber
iniciado la convivencia entre el causante y la interviniente,
antes de la detecci\u00f3n de la enfermedad que origin\u00f3 la
invalidez de aqu\u00e9l, no resultaba proporcionado ni razonable
darle el trato de c\u00f3nyuge, pues el matrimonio se celebr\u00f3 un
mes y medio antes del fallecimiento; que a pesar de tratarse
el caso de una pensi\u00f3n de sobrevivencia, originada en el
deceso de un pensionado (caso en el cual el Colegiado
entendi\u00f3 sin error, que si era dable aplicar el requisito de
convivencia de cinco a\u00f1os), no lo aplic\u00f3 a la esposa
interviniente, aludiendo a su inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, conforme el art\u00edculo 4\u00b0 superior, a
pesar de ya existir pronunciamiento sobre la
constitucionalidad de esa exigencia, en la sentencia CC C-
1094-2013.
Indica, que es notoria la violaci\u00f3n de la ley sustancial
cuando a pesar de que la convivencia quinquenal fue
establecida por el legislador de forma objetiva, pura y simple,
exigible a todos aqu\u00e9llos que aspiren ser tendidos como
beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, bajo la \u00e9gida
del literal a) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, en
particular, si se trata de c\u00f3nyuge del pensionado, como es el
caso de autos, el Tribunal se hubiera negado expresamente
a aplicar la norma que instituye dicho requisito, declarado
exequible en la providencia antes citada, proveniente del
Juez constitucional concentrado.
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 75837
SCLAJPT-10 V.00 19
Arguye, que al considerarse por el Tribunal que la
convivencia de ANA EUDOXIA PALACIO con el finado Vidal
Restrepo no era fraudulenta ni de \u00faltima hora, decidi\u00f3
eximirla de acreditar que dicha cohabitaci\u00f3n hab\u00eda durado al
menos cinco a\u00f1os, a pesar de que el recto entendimiento de
la disposici\u00f3n normativa exig\u00eda aplicarla con prescindencia
total de la existencia de colusi\u00f3n en el caso concreto; que con
la infracci\u00f3n directa por falta de la norma aplicable, el
Tribunal, a rengl\u00f3n seguido, crea una nueva disposici\u00f3n,
para la exigencia de tal requisito legal, en cuanto imagina
que el requisito del quinquenio no es objetivo, sino
\u00fanicamente aplicable cuando la cohabitaci\u00f3n acreditada por
el demandante, pueda ser adjetivada de artificiosa.
Exalta, que la segunda instancia niega la aplicaci\u00f3n de
la norma que gobierna la situaci\u00f3n, bajo el falso amparo de
una interpretaci\u00f3n hist\u00f3rica de la ley, lo cual desata la
violaci\u00f3n del art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil \u2014 que, debiendo ser
aplicado, tambi\u00e9n desconoce\u2014 pues se aparta del sentido
claro y objetivo de la norma que gobierna el caso juzgado \u00abLa
c\u00f3nyuge del pensionado para ser considerada beneficiario de
la pensi\u00f3n de sobrevivientes debe acreditar cinco a\u00f1os de
convivencia con el difunto\u00bb, para obviarlo, so pretexto de
consultar su esp\u00edritu, cuando es evidente que la regla
contenida en el literal a) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003,
es de ineluctable aplicaci\u00f3n en los t\u00e9rminos fijados por la
Corte Constitucional (f.\u00b0 9 a 21, cuaderno de casaci\u00f3n).
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 75837
SCLAJPT-10 V.00 20
VII. CARGO SEGUNDO
Denuncia que el Tribunal infringi\u00f3 la ley por la v\u00eda
directa, en la modalidad de infracci\u00f3n directa, los art\u00edculos
1625, 1627 y 1634- inc. 2\u00b0 del C\u00f3digo Civil; art\u00edculo 8\u00ba del
Decreto 1889 de 1994 y 5\u00b0 y 6\u00b0 de la Ley 1204 de 2008, lo
cual le llev\u00f3, a la aplicaci\u00f3n indebida del literal a) del art\u00edculo
13 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 los art\u00edculos 47 y 74
de la Ley 100 de 1993 y, en especial, del art\u00edculo 34 del
Decreto 758 de 1990,
[\u2026] en cuanto conden\u00f3 a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
a pagar, por concepto de retroactivo, las mesadas causadas entre
el 15 de febrero de 2007 y el mes de marzo de 2016, inclusive, con
las adicionales de junio y diciembre y con valor, a fecha de la
sentencia de segunda instancia de $34.723.656 (Treinta y Cuatro
Millones Setecientos Veintis\u00e9is Mil Seiscientos Cincuenta y Seis
Pesos M.L.), condena contenida en el numeral PRIMERO de la
parte resolutiva sentencia del Tribunal y, como consecuencia de la
eventual prosperidad del cargo, deber\u00e1 casarse, tambi\u00e9n, el
numeral TERCERO de la sentencia del Tribunal que le es
inherente y que condena a SURAMERICANA al pago de la
indexaci\u00f3n respecto de cada una de las mesadas que componen el
retroactivo.
Como su consecuencia y actuando la Sala como Tribunal de
instancia deber\u00e1 revocar la condena contenida en los numerales
PRIMERO y TERCERO para en su lugar, ABSOLVER a SEGUROS
DE VIDA SURAMERICANA S.A. del pago de las mesadas causadas
desde el 15 de febrero de 2007 y hasta la fecha de ejecutoria de
la sentencia.
Sostiene, que el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto
1889 de 1994, que reglament\u00f3 la distribuci\u00f3n de la pensi\u00f3n
de sobrevivientes en el sistema general de pensiones, no
determina los requisitos para acreditarse como tal, los cuales
se encuentran en los art\u00edculos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993,
en su versi\u00f3n modificada por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de
2003, que la investigaci\u00f3n que realiz\u00f3, la cual consta a folios
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 75837
SCLAJPT-10 V.00 21
77 a 90 del expediente, dej\u00f3 ver que las reclamantes,
aduc\u00edan, una la calidad de c\u00f3nyuge y, la otra, la de
compa\u00f1era, pero ninguna acredit\u00f3 el requisito de
convivencia quinquenal previa al desaparecimiento del
causante; que, en contraste, s\u00ed de la existencia de los
descendientes de \u00e9ste, CAVR y NVR, por lo que, de buena fe
y con sujeci\u00f3n a la normativa aplicable, les otorg\u00f3 el ciento
por ciento de la pensi\u00f3n
Aduce que, a pesar de lo anterior, haciendo caso omiso
del art\u00edculo 1634 del C\u00f3digo Civil, el Tribunal le conden\u00f3 a
pagar a la esposa el retroactivo de prestaci\u00f3n; que los pagos
que realiz\u00f3 a los descendientes del pensionado son v\u00e1lidos y
extinguen la obligaci\u00f3n que la segunda instancia le impuso;
que, contrario a como lo entendi\u00f3 \u00e9sta, \u00fanicamente para
efectos de conceder el retroactivo, no es posible predicar del
caso concreto una controversia entre beneficiarios, pues esta
solo puede materializarse, cuando los sujetos que persiguen
la atribuci\u00f3n de esa condici\u00f3n, acreditan al menos
sumariamente los requisitos de ley dispuestos para ser
calificados como tal, lo cual significa que, para que haya
conflicto entre aqu\u00e9llos, no basta con que alguien alegue
serlo, sino que, al menos sumariamente, se acredite tal
calidad; que tampoco existe ese debate entre beneficiarios si
se acredita extrajudicialmente y se mantiene inalterado en el
proceso el hecho de que ninguna de las pretendidas
beneficiar\u00edas, cumpl\u00eda con el requisito de la vida en com\u00fan
con el causante.
Propone, que hay diferencia entre pretender ser
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 75837
SCLAJPT-10 V.00 22
beneficiario -tal como lo determina el art\u00edculo 34 del Acuerdo
049 de 1990, art\u00edculo en el cual el Tribunal fundamenta
principalmente la condena- y no serlo por imposibilidad
acreditaci\u00f3n de un requisito objetivo, para el caso, los cinco
(5) a\u00f1os de convivencia, que nunca se cumplieron y que ni
siquiera aqu\u00e9l dio por satisfechos para la esposa; que \u00e9ste
olvid\u00f3 que los incisos 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 1204 de
2008, contemplan el supuesto en el cual un beneficiario
inicial se vea obligado a realizar una compensaci\u00f3n a un
beneficiario nuevo; que el mismo permite entender que el
pago del ciento por ciento (100 %) de las mesadas de la
pensi\u00f3n de sobrevivientes a los descendientes del causante,
no s\u00f3lo es v\u00e1lido, sino adem\u00e1s la l\u00f3gica consecuencia de
haber aplicado rectamente las reglas para el reconocimiento
de los acreedores de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, lo cual
implica que no debe sufragar, por segunda vez, el porcentaje
de la mesada que corresponder\u00eda a la c\u00f3nyuge, quien no
obtuvo la calidad de beneficiaria de la ley, sino de la tesis
particular sostenida por el segundo Juez (f.\u00b0 21 a 29, ib\u00eddem).
VIII. CARGO TERCERO
Cuestiona la sentencia de segunda instancia de haber
infringido la ley por la v\u00eda directa, en la modalidad de
interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de
Procedimiento Civil,
[\u2026]disposici\u00f3n normativa que ha de entenderse rectamente s\u00f3lo en
sentido restrictivo, raz\u00f3n que le llev\u00f3 a concluir que no deb\u00eda
reconocer (y no reconoci\u00f3) la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n respecto de
las mesadas reclamadas por la interviniente ad excludendum,
pese a que dicha excepci\u00f3n se encontraba formulada de manera
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 75837
SCLAJPT-10 V.00 23
expresa en la contestaci\u00f3n de la demanda. Dicha violaci\u00f3n, que
deviene en violaci\u00f3n de medio o de puente, llev\u00f3 al Tribunal en su
decisi\u00f3n, adem\u00e1s o como su consecuencia, a no aplicar las normas
contenidas en los art\u00edculos 27,1625 n\u00fam. 10, 2535 y 2538 del
C\u00f3digo Civil, as\u00ed como los art\u00edculos 488 del C\u00f3digo Sustantivo del
Trabajo y 151 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad
Social
Estima, que lo que dice el Colegiado de manera
equivocada, es que no se formul\u00f3 por la demandada la
excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos
306 del CPC y 282 del CGP., porque comprendi\u00f3 \u2014en yerro
evidente, que no hab\u00eda contestado la demanda interpuesta
en su contra por LILIANA YANETH R\u00cdOS ACEVEDO, lo cual,
no solo no obedece a la realidad, sino que corresponde a una
interpretaci\u00f3n sesgada (y equivocada) de dichas
disposiciones jur\u00eddicas, pues s\u00ed replic\u00f3 esa pieza, como lo
reconoce el propio sentenciador, cuando afirma que en la
contestaci\u00f3n a la demanda instaurada por aquella, el
apoderado de SURAMERICANA DE SEGUROS (sic), a folios
57 a 69 del expediente, expresamente plante\u00f3, como primera
de las excepciones propuestas, la de prescripci\u00f3n, con lo cual
esa autoridad no entendi\u00f3 adecuadamente el art\u00edculo 306 del
CPC (f.\u00b0 30 a 38, ib).
IX. R\u00c9PLICA
PROTECCI\u00d3N S. A., afirma que la situaci\u00f3n definida en
las dos instancias no puede verse afectada por el eventual
resultado del recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto,
por lo cual no presenta r\u00e9plica al recurso; que su vinculaci\u00f3n
al proceso no tiene ninguna justificaci\u00f3n, toda vez que la
obligaci\u00f3n del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de
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sobrevivientes debatida, recae en forma exclusiva en la otra
aseguradora, como con acierto se expres\u00f3 en la segunda
sentencia y lo puso de presente al oponerse a las
pretensiones de la demanda (f.\u00b0 53 a 56, ib\u00eddem).
X. CONSIDERACIONES
En el cargo primero, dirigido por la v\u00eda de puro derecho,
en la modalidad de infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 74-a) de la
Ley 100 de 1993, modificado por el 13-a de la Ley 797 de
2003, la censura se duele de que el Tribunal haya otorgado
la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la c\u00f3nyuge del pensionado
fallecido, a pesar de que tuvo por probado, que no convivi\u00f3
con \u00e9l, el tiempo a que se refiere esa normativa.
Dada la senda de ataque optada por la impugnante, son
supuestos f\u00e1cticos no discutidos del fallo de segunda
instancia: i) el fallecimiento del se\u00f1or Vidal Restrepo el 15 de
febrero de 2007; ii) que para ese momento era pensionado
por invalidez; iii) que con ocasi\u00f3n del deceso, la pensi\u00f3n fue
reclamada por la se\u00f1ora LILIANA R\u00cdOS ACEVEDO, en
nombre propio \u2013 como pretensa compa\u00f1era permanente de
\u00e9ste – y en representaci\u00f3n de sus dos hijos menores, as\u00ed como
por la se\u00f1ora ANA EUDOXIA PALACIOS VALDERRAMA,
esposa del mismo; iv) que la pensi\u00f3n fue reconocida por la
recurrente, a favor de aquellos infantes, en cuant\u00eda de un
salario m\u00ednimo legal, repartida en un 50 % para cada uno de
ellos y, v) que ninguna de las reclamantes cumpli\u00f3 el
requisito de convivencia de cinco a\u00f1os con el causante,
anteriores a su fallecimiento, pues, en particular, la
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convivencia con la que fuera su esposa, empez\u00f3 en el a\u00f1o
2004.
El Tribunal, no obstante haber dado por demostrado los
anteriores hechos, especialmente la no convivencia de la
esposa, durante los cinco a\u00f1os anteriores a la fecha de
fallecimiento del pensionado, que exige el art\u00edculo 13-a de la
Ley 797 de 2003, modificatoria del 47-a de la Ley 100 de
1993, le otorg\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes a \u00e9sta, toda vez
que,
[\u2026] no puede perderse nunca de vista, que la finalidad de esta
prestaci\u00f3n econ\u00f3mica es la protecci\u00f3n de la familia como n\u00facleo
fundamental de la sociedad y busca precisamente impedir que
quien haya convivido permanente, responsable y efectivamente, y
prestado apoyo afectivo a su pareja al momento de su muerte, se
vea abocado a soportar aisladamente las cargas, tanto materiales
como espirituales, que supone su desaparici\u00f3n.
Son este conjunto de argumentos y circunstancias las que lleva a
la Sala a inaplicar en este caso el requisito consagrado por el
legislador, el que fue declarado exequible mediante sentencia CC
C -094-2003, argumentando que podr\u00eda servir para afirmar su
aplicaci\u00f3n obligatoria, pero que no resulta v\u00e1lido en este caso,
porque son las razones que llevaron a la Alta Corporaci\u00f3n a definir
la constitucionalidad del requisito de los 5 a\u00f1os de convivencia
cuando qui\u00e9n fallece es un pensionado, las mismas que hoy sirven
de fundamento para no aplicarlo, siendo claro que el conceder la
pensi\u00f3n de sobrevivientes en el caso concreto, no contrar\u00eda el
querer del legislador, porque se est\u00e1 otorgando el apoyo econ\u00f3mico
de la prestaci\u00f3n a la c\u00f3nyuge del fallecido, quien inici\u00f3 vida marital
con \u00e9l sin la intenci\u00f3n expresa de convertirse en titular de una
pensi\u00f3n que, a la fecha del nacimiento de la convivencia, no exist\u00eda
como derecho cierto.
La jurisprudencia de la Corte ha orientado que la
infracci\u00f3n directa de ley sustancial, como modalidad de
trasgresi\u00f3n de la ley sustancial, se estructura en una
providencia como la denunciada por ilegal, cuando el
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Sentenciador ignora la norma que gobierna el caso o,
conoci\u00e9ndola, se rebela contra ella.
As\u00ed lo precis\u00f3, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL, 7
nov. 2012, rad. 40354, cuando explic\u00f3:
La modalidad de infracci\u00f3n directa de la ley por la v\u00eda directa tiene
ocurrencia cuando el Juzgador se abstiene de aplicar, por
ignorancia o rebeld\u00eda, la norma legal al caso que examina; se trata
entonces, como ha dicho la jurisprudencia, de un t\u00edpico error de
omisi\u00f3n en que, a pesar de establecer los supuestos de hecho
exigidos para la aplicaci\u00f3n de la norma, no lo hace por las razones
antes se\u00f1aladas.
Al tenor de lo anterior, es evidente que, como lo increpa
la acusaci\u00f3n, la segunda instancia se rebel\u00f3 contra el art\u00edculo
13-a de la Ley 797 de 2003, modificatorio del art\u00edculo 74-a)
de la Ley 100 de 1993, pues a pesar de hallar, como no se
discute, que la c\u00f3nyuge del pensionado no convivi\u00f3 con \u00e9l
durante los cinco a\u00f1os anteriores a la calenda de su deceso,
conforme lo exige ese precepto, el cual admite que conoc\u00eda,
concedi\u00f3 el derecho prestacional de sobrevivientes a \u00e9sta,
requisito que recientemente la Sala ha decantado como
imperativo para acceder a pedimentos como sobre el que se
discurre, en trat\u00e1ndose de la muerte de personas que ya
disfrutaban de sus pensiones, como el se\u00f1or Vidal Restrepo.
Efectivamente, en la sentencia CSJ SL1730-2020, en la
cual la Sala rectific\u00f3 su l\u00ednea de interpretaci\u00f3n acerca del
requisito de convivencia para ser beneficiario(a) de la pensi\u00f3n
de sobreviviente, distinguiendo si a su muerte el causante
era afiliado o pensionado, orient\u00f3:
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En relaci\u00f3n con el objeto de la controversia, la doctrina reiterada
de la Corte, entre otras, en las sentencias CSJ SL 32393, 20 may.
2008, CSJ SL 45600, 22 ag. 2012, CSJ SL793-2013, CSJ SL1402-
2015, CSJ SL14068- 2016, CSJ SL347-2019, ha sido enf\u00e1tica en
se\u00f1alar, que la convivencia m\u00ednima requerida para ostentar la
calidad de beneficiario de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, tanto para
c\u00f3nyuge como para compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, es de
cinco (5) a\u00f1os, independientemente de si el causante de la
prestaci\u00f3n es un afiliado o un pensionado.
Como consecuencia de la nueva integraci\u00f3n de la Sala, se
considera oportuno reevaluar la referida posici\u00f3n jurisprudencial,
para sentar una nueva doctrina frente a la correcta interpretaci\u00f3n
de lo dispuesto en el literal a) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de
2003, que se armonice con los fines del Sistema Integral de
Seguridad Social en general, y de la pensi\u00f3n de sobrevivientes en
particular, as\u00ed como con las razones que llevaron a establecer el
requisito m\u00ednimo de convivencia all\u00ed previsto, y conforme a ellas,
bajo qu\u00e9 presupuesto deb\u00eda operar.
El Sistema de Seguridad Social Integral propende por la obtenci\u00f3n
de condiciones de vida dignas, mediante la protecci\u00f3n de las
contingencias que afectan a las personas y a la comunidad. En
armon\u00eda con lo dispuesto en el art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n
Pol\u00edtica, la seguridad social es un servicio p\u00fablico obligatorio, que
se presta en los t\u00e9rminos y condiciones previstas en la ley, con
sujeci\u00f3n a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad;
de ella, hace parte el Sistema General de Pensiones, instituido con
la finalidad espec\u00edfica de amparar de las contingencias derivadas
de la vejez, la invalidez y la muerte.
Tal como lo record\u00f3 el Tribunal, para definir el contenido
constitucional del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, la Corte
Constitucional ha desarrollado una serie de principios,
condensados en la sentencia CC C-1035- 2008, as\u00ed:<\/p>\n\n\n\n
CARLOS ARTURO GUARIN JURADOMagistrado ponenteSL2941-2020Radicaci\u00f3n n.\u00b0 75837Acta 28Estudiado, discutido y aprobado en sala virtualBogot\u00e1, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veinte (2020).Decide la Sala el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por laCOMPA\u00d1\u00cdA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S. A.,contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del TribunalSuperior del Distrito Judicial de Medell\u00edn,<\/p>\n